El INDH lanzó su informe sobre los hechos ocurridos en Chile

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Foto: Agencia Uno

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), presentó su informe anual sobre la situación en Chile en el contexto de la crisis social iniciada en octubre. El organismo denunció violaciones a los derechos fundamentales ocurridas entre el 17 de octubre pasado y el 30 de noviembre.

Sergio Micco, director del IND sostuvo: “Nuestra metodología de trabajo ha consistido en consignar lo que hemos visto directamente, lo que hemos visto y oído, es por eso que nuestras cifras son incluso inferiores muchas veces a las oficiales”.

Asimismo, señaló que “se han registrado múltiples y las más graves violaciones a los derechos humanos desde la vuelta a la democracia en Chile”, y que “será tarea de los tribunales determinar la verdad judicial, pero la responsabilidad del INDH es denunciar cada vez que se produzca una violación o una vulneración a los derechos humanos”.

Acerca del actuar de las fuerzas de orden, el texto manifiesta que “necesariamente, las funciones de las policías deben ser interpretadas también en el marco de derechos humanos en que el Estado se encuentra inserto; por lo tanto, el mandato de garantizar el orden público debe ser leído en favor de la protección de derechos humanos y no en contra de los mismos. Este entendimiento, armónico en nuestro ordenamiento jurídico debe permear toda la actuación operativa de las policías, incluida la doctrina institucional”.

Además sostiene que “el Consejo del INDH ha llegado a la convicción de que, a la fecha, se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica, entre otros derechos. Al INDH le preocupan de especial manera las denuncias por uso indiscriminado de perdigones, torturas con connotación sexual, y las lesiones oculares. Sin perjuicio de lo anterior, será tarea de los tribunales determinar la verdad judicial sobre las circunstancias específicas de los hechos y personas involucradas”.

Se establece también, que “como se ha establecido en los datos entregados, el mayor número de muertes y la mayor proporción de lesiones por trauma ocular, como de personas heridas, se produce durante el período de estado de emergencia”.

Para los próximos años, según el INDH, el Estado en los próximos años deberá poner énfasis en la reparación, para devolver a las víctimas, “cuando sea posible, a su situación anterior a la violación de sus derechos fundamentales, indemnizándola, rehabilitándola médica y psicológicamente, apoyándola jurídica y socialmente”.

En cuanto a la falta de control sobre los medios disuasivos utilizados por Carabineros, indican que se debería a “una indebida autonomía exhibida, desde el inicio de la democracia, por parte de dicha institución respecto de la autoridad civil, cuestión que también quedó en evidencia en los recientes escándalos por casos de corrupción de gran magnitud, por lo que se hace imperativo un abordaje integral a dicho problema, con medidas consistentes con la gravedad y profundidad de las irregularidades detectadas”.

Incluso establecen que “la dicotomía entre derechos humanos y seguridad pública no es tal, pues para que esta sea efectiva y aceptable en un Estado de Derecho, debe realizarse con estricto apego a las garantías fundamentales” y que “es importante no solo hacer cumplir los actuales protocolos que regulan el uso de la fuerza u otras actuaciones policiales, sino también tomar medidas más decididas que permitan una profunda reforma a la doctrina, misión, estructura, cultura interna y normas que rigen a la institución, con la finalidad principal de poner en el centro de su quehacer institucional la protección de los derechos de las personas”.

“En aquellos casos de mutilaciones o de inhabilidad laboral, el Estado debiera garantizar pensiones adecuadas y de por vida para las víctimas, así como facilidades para su integración social y económica”, sugieren.

“Asegurar que el uso de escopetas antidisturbios por parte de Carabineros de Chile, sea realice con estricto apego a los protocolos pertinentes y los principios de proporcionalidad, gradualidad y necesidad, estableciendo desde ya las medidas de control y capacitación necesarias para su empleo”.

“Instruir a Carabineros de Chile en orden a que la utilización de agentes químicos se ajuste al respeto de los derechos humanos, que estos no sean lanzados o detonados en dirección al cuerpo de las personas y que se revise la composición de los mismos”.

Y que “las detenciones que se realicen en contexto de las actuales manifestaciones se ajusten a la legalidad vigente y que las personas detenidas sean tratadas dignamente, excluyendo de modo absoluto la aplicación de torturas ya sean físicas, sexuales o psicológicas, u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”

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